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A continuación se hace un análisis de los efectos de la nueva ley general tributaria, que entró en vigor el 12 de octubre de 2015

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El futuro de la auditoria, en virtud de la aplicación de las nuevas normas internacionales, está orientado en la obtención de una mayor garantia para los usuarios, inversores, etc. De hecho las nuevas normas internacionales, están más orientadas hacia el análisis del riesgo, procesos, control interno y deja más en manos del auditor la ponderación de la importancia relativa, retroalimentándose del propio proceso. No está tan orientado hacia la prueba sustantiva como a la prueba analítica.

Entre las novedades destaca: -La obligatoria rotación cada 10 años. -Ciertas incompatibilidades: contabilidad, asesoria fiscal y jurídica, gestión de riesgos, diseño de procedimientos, valoración , y auditoria interna.

La reforma, que incide en los aspectos de buen gobierno, otorga mayor relevancia a la junta para adoptar decisiones, establece más responsabilidades a los administradores e impone un control sobre sus sueldos.

Las juntas generales de accionistas ganan peso en las decisiones.

Las juntas generales de accionistas ganan peso en las decisiones.

El próximo 24 de diciembre entrará en vigor la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Esta norma pretende, como aparece explicado en la exposición de motivos, reforzar la confianza de los inversores y generar valor en la propia empresa a través del buen gobierno. «Esta modificación era necesaria para evitar que las sociedades mercantiles asuman riesgos innecesarios, diseñen un sistema de retribución inapropiado o cuenten con una composición de dirección deficiente», explica Iñaki Frías, abogado del área de mercantil de Rousaud Costas Duran. De la mano de este letrado, realizamos un repaso a los principales cambios que el legislador ha realizado en esta ley para mejorar el buen gobierno en el conjunto de las sociedades de capital.

- Competencias de la junta general

El texto refuerza su capacidad y fija la obligación de que todas las adquisiciones, enajenaciones o aportación a otra sociedad de activos esenciales sea autorizada por parte de la junta general. En sociedades cotizadas, también fija como competencia expresa de ésta la transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrollada por la propia empresa, las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad y la política de remuneraciones de los consejeros. Además, la junta podrá impartir instrucciones sobre determinados asuntos de gestión.

- Conflictos de intereses

La reforma también regula, con mayor detalle, las situaciones de conflictos de intereses que pueden existir para los accionistas a la hora de ejercer su voto en determinadas cuestiones, como el de concederle un derecho, excluirle de la sociedad o facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, entre otros muchos asuntos.

- Voto de acuerdos

Respecto a la adopción de acuerdos en la junta general de la sociedad, el nuevo texto explica que deberán votarse de manera separada todos los asuntos que sean claramente independientes. Es decir, que aunque figuren en el mismo punto del orden del día, tendrán que votarse de forma separada los nombramientos, ratificaciones, reelecciones o separación de cada uno de los administradores; la modificación de cada artículo o grupo de artículos de los estatutos sociales que tengan autonomía propia; o todos aquellos temas que así lo dispongan los estatutos de la sociedad.

- Impugnación y plazos

Dentro de la facultad de impugnar acuerdos por parte de los accionistas, se añade expresamente la posibilidad de hacerlo frente a aquellos que se adopten de forma abusiva por parte de la mayoría en interés propio y en perjuicio injustificado del resto de socios. Además, se unifican los plazos de impugnación para todos los acuerdos: un año desde la adopción de la medida, recepción de la copia del acta si éste fuera alcanzado por escrito o si hubiera sido inscrito en el Registro Mercantil correspondiente. En el caso en el que dichos acuerdos fueran contrarios al orden público, se especifica que el plazo de impugnación no caduca ni prescribe. Asimismo, se elimina la posibilidad de impugnar acuerdos sociales por infracción de determinadas formalidades y requisitos meramente procedimentales. Por último, la norma también estipula que, en las sociedades cotizadas, el plazo de impugnación de los acuerdos sociales se reduce a tres meses.

- Derecho de información

En este asunto, la nueva norma especifica que en el caso en el que los accionistas que soliciten verbalmente información o aclaraciones durante la junta general, y dicho derecho se vea vulnerado, sólo podrán exigir el cumplimiento de la obligación de la información y los daños y perjuicios que se hayan podido causar, pero esta infracción nunca será causa de impugnación de la junta.

- Diligencia del consejo

La norma amplía y regula con mayor detalle los deberes de diligencia y lealtad de los administradores. Entre otros asuntos, la reforma fija que cualquier infracción del deber de lealtad no sólo determinará la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino que también se deberá devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido. Además, en el supuesto de producirse un incumplimiento por parte de los administradores, los socios de la compañía con una participación mínima del 5% tendrán mayor libertad y podrán iniciar una acción social de responsabilidad contra dichos administradores sin necesidad de someter la decisión a la junta general.

- Facultades indelegables

El consejo de administración ve como se amplía sus facultades indelegables, como, entre otras, la supervisión del buen funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido, así como la actuación de los órganos delegados y directivo que haya designado.

- Reuniones y evaluación

La reforma establece la obligación de que el consejo de administración se reúna, al menos, una vez por trimestre, lo que refuerza la obligación de control que el consejo debería tener sobre la compañía. En las sociedades cotizadas, el consejo de administración deberá llevar a cabo una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus comisiones. Por otro lado, el consejo deberá proponer, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas.

Sistema de retribución

El nuevo texto explica que se deberán determinar conceptos retributivos a percibir, como la asignación fija, dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución variable, indemnizaciones por cese, así como los sistemas de ahorro. Como novedad destacable, la ley establece la necesidad de que la remuneración guarde una proporción razonable con la relevancia de la compañía, la situación económica de la misma, así como los estándares de mercado de empresas comparadas.

Por otro lado, el sistema de remuneración debe estar diseñado para promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la compañía. Además, también se debe incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y resultados desfavorables.

Fuente: Expansión.

 

A continuación se relacionan algunos artículos del Código Penal, que tienen relación con el delito de la persona jurídica:

NUEVO CODIGO PENAL

Diecinueve. Se modifica el artículo 31, que queda redactado como sigue:

«El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.»

Veinte. Se modifica el artículo 31 bis, que queda redactado como sigue:

«1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

en los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.»

Veintiuno. Se introduce un nuevo artículo 31 ter, con el siguiente contenido:

«1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.

2. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.»

Veintidós. Se introduce un nuevo artículo 31 quater, con el siguiente contenido:

«Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.»

Veintitrés. Se introduce un nuevo artículo 31 quinquies, con el siguiente contenido:

«1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.

2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal

Art 120

3.º Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.

4.º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.

Dado que hay unos 9 billones de dólares en deuda denominada en esta divisa, y teniendo en cuenta que el cambio relativo del dólar con las divisas de los citados paises, ha devaluado estas monedas, la consecuencia es el aumento automático de la deuda de estos. Entre estos paises se encuentran Brasil, cuya deuda se incrementó en un 59%. En la misma situación están multinacionales, como Gazprom, Tata motors, Petrobras,... LEER MAS

El BCE, dará hoy a conocer cual será su plan de compras concreto, que se habia anunciado hace algunos meses. Las consecuencias de la disposición de comprar deuda soberana en el mercado serán esencialmente, la estabilidad al alza en los precios de estos productos financieros. Ello traerá otra consecuencia que será sin duda la depreciación del euro con respecto al dolar, y en consecuencia la llegada de capital extranjero y al mismo tiempo el incremento de las exportaciones como consecuencia de un aumento de la competitividad via precios. La consecuencia inmediata prevista es un incremento de los precios. LEER MAS

El Gobierno, anunció la próxima publicación de la ley de segunda oportunidad.

Dicha ley tendrá ventajas sustantivas con respecto a la legislación vigente:

a) Permitirá una negociación extrajudicial, sin costes. La practicidad de una negociación, se prevee limitada, ya que si la banca y el cliente hubiesen querido negociar ya lo hubieran hecho.

b) Concurso de acreedores del insolvente. En este caso la ventaja si es sustancial, ya que se prevee en caso de insolvencia definitiva, que las deudas residuales queden canceladas. De todas formas, será preciso analizar cuando se publique la ley, si efectivamente será tal como se anuncia. Se es escéptico, ya que la banca presionará para que las deudas pervivan más allá del concurso del empresario individual. LEER MAS

 

Se preveen inspecciones de la AEAT masivas a despachos profesionales de abogados y profesionales, así como a sociedades profesionales individuales, en las que una parte del beneficio se queda en la sociedad y no es transferido al profesional, evitando una elevada tributación del socio en IRPF. 

Por otra parte el SEPBLAC detecta, insuficiencia de controles por parte de los despachos de abogados en relación con la ley de prevención de blanqueo de capitales. VER MAS

 

Entre las medidas que se se prevee están:

-El incremento del salario minimo

-Volver atrás las privatizaciones de la empresa estatal eléctrica DEI.

-La sanidad pública universal.

 

El problema es en primer lugar, como conseguir superavit presupuestario en estas condiciones, en segundo lugar como devolver el déficit de años anteriores, esto es la deuda acumulada y en tercer lugar, que mercado estaría dispuesto a prestar dinero en euros a un gobierno que debe mucho de años anteriores y que se prevee que siga acumulando deuda.

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