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Por primera vez el Tribunal Supremo condena por responsabilidad penal a una empresa.

Para que se produzca el delito se requiere que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos, lo que se llama en el argot jurídico Planes de Compliance.

Las penas aplicables a las personas jurídicas,  que tienen todas la consideración de graves van desde una multa por cuotas o proporcional al valor del delito hasta la disolución de la persona jurídica.

Todas las empresas, grandes o pequeñas, están afectadas  por esta normativa.

Esto pone de manifiesto la necesidad de implantar lo más pronto posible, medidas de control, por parte de todas las sociedades que no sean unipersonales.  LEER MAS